Con el objetivo de proteger de fraudes o engaños a los mexicanos al momento de adquirir una vivienda, la Secretaría de Economía y el Infonavit crearon la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SE-2021 que regula las prácticas comerciales y de publicidad.
Esta nueva norma publicada en el Diario Oficial de la Federación, garantizará la protección efectiva de los derechos de los consumidores ante empresas inmobiliarias, constructores, instituciones financieras, promotores y otros actores que participan en este mercado.
La NOM-247-SE-2021 establece que los proveedores están obligados a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, calidades, medidas, materiales, acabados, seguros, intereses, cargos, términos, forma y condiciones de pago, plazos, fechas y demás condiciones aplicables en la comercialización, sobre todo aquellos que se hubieran ofrecido para la entrega del inmueble.
En materia de publicidad, el documento señala que ésta debe privilegiar en todo momento la transparencia a través de información veraz, comprobable, clara y exenta de elementos que induzcan al error o confusión al consumidor por engañosa o abusiva, conforme a lo señalado en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Sobre las condiciones de los inmuebles, dicha normativa señala que es indispensable, para realizar cualquier transacción, que el inmueble cuente con las instalaciones y condiciones necesarias para la provisión de los servicios básicos: energía eléctrica, abastecimiento de agua potable y desalojo de aguas residuales, aprovechamiento de gas LP, gas natural, electricidad o cualquier otro combustible, sistema o tecnología para cocinar alimentos y para calentar agua; mismas que tienen que ser consideradas dentro del precio de venta de la vivienda.
Además de regular prácticas comerciales y de publicidad, la norma también establece las obligaciones en materia de anticipos, enganches, bonificación y el uso de las marcas de Infonavit, Fovissste u otros organismos públicos de vivienda. Esta disposición será fundamental para que terceros no autorizados, como los llamados coyotes, lucren a costa de las y los derechohabientes.
