La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, se quejó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la decisión del Instituto Nacional Electoral, de reducir el número de casillas que se instalarán en la consulta de Revocación de Mandato.
“Si bien el ministro instructor modificó la suspensión para que el proceso de revocación de mandato se ejecutara de una manera más eficiente por parte del INE, con el presupuesto ya programado, ello no puede verse traducido en la disminución del número de casillas, ya que implicaría la afectación al derecho a la participación política de los ciudadanos”, argumentó el organismo de Presidencia.
Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dio un plazo de 15 días al INE para informar a la Suprema Corte u ofrecer pruebas sobre la forma en que se ha organizado el ejercicio de Revocación de Mandato.
“Precisando los actos que ha llevado a cabo para cumplir con la medida cautelar decretada apercibida que, de no hacerlo, se presumirán ciertos los hechos que se le atribuyen y se le impondrá una multa de 10 a 180 días de salario”, precisó el ministro.
