La imputación que presentó la Fiscalía General de la República contra Jorge Luis Lavalle Maury prácticamente ha hundido al ex senador, pues se consideró que hay datos de prueba suficientes para presumir que sí recibió más de 97 mdp para aprobar la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En el expediente se menciona que la FGR cuenta con información en el sentido de que el monto puede ser superior, porque las entregas de dinero que recibió el ex legislador a través de Rafael Jesús Caraveo Opengo, ex secretario de la Comisión de Administración en el Senado, el cual aseguró que se realizaron otras entregas en diciembre de 2013, en las que no se firmaron recibos.
Derivado de lo anterior, la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola, rechazó otorgar el amparo contra la resolución del Tribunal Unitario en Materia Penal que ratificó la vinculación a proceso de Lavalle Maury por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.
Lavalle Maury alegó que la FGR presentó pruebas ilícitas, destacando un video donde se ve a Caraveo Opengo, recibiendo fajos de billetes y que los recibos no debían tener valor, porque no se advierte en estos el nombre de las personas que entregaban y recibían el dinero, ni el concepto por el que se hacía la entrega. La magistrada determinó que esto es “lógico y congruente” porque la entrega de numerario no obedecía a una relación contractual o comercial que obligara a que se anotaran los datos de identificación de los participantes, así como el concepto de la operación.
