La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, presentó reformas a la Constitución con el fin de fortalecer la procuración de justicia en las entidades federativas y la Ciudad de México para disminuir la impunidad en el País.
Entre las propuestas se encuentran reformas a las fracciones IX del artículo 116 y el X del apartado A del artículo 122 de la Constitución donde se busca remarcar la importancia de la autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio de las fiscalías; establecer parámetros de elegibilidad, similares a los de los poderes judiciales locales, para quienes busquen ser titulares de las fiscalías. Así como establecimiento de periodos de cuatro años, mecanismos de remoción y vías de ratificación para otro mandato, para las personas titulares de las fiscalías de las entidades federativas.
Asimismo, se proponen mecanismos de controles de poder con respecto a las ratificaciones de un segundo mandato al frente de las fiscalías; así como la obligación constitucional de definir con claridad los mecanismos de servicios profesionales integrales en carrera de procuración de justicia, bases de ingreso, formación, permanencia, y profesionalización en general para las personas servidoras públicas de las fiscalías.
De igual manera, se propone establecer un estándar mínimo para definir una base mínima para acceder al cargo de magistrado o juez y la necesidad de un concurso de oposición en el proceso de designación, de manera tal que se fortalezcan los criterios de méritos.
Otra de las reformas propuestas es la fracción III del artículo 116 y las fracciones IV y V del apartado A del artículo 122 de la Constitución, donde se propone que las Constituciones de los Estados establecerán mecanismos jurisdiccionales de protección para garantizar su observancia.
