Aplican ley a implicado en Estafa Maestra

Colaborador de Rosario Robles es inhabilitado y multado
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En un comunicado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó la sanción de inhabilitación por 10 años y una multa de 158 millones 662 mil pesos impuesta al ex director General de Programación y Presupuestación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en el sexenio de Enrique Peña Nieto bajo las órdenes de la entonces titular Rosario Robles e involucrado en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.

Cabe destacar que el Órgano Interno de Control (OIC) de la SEDATU inició la investigación sobre este caso debido a una observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sin embargo, durante las indagatorias se descubrieron diversas irregularidades, por las cuales determinó imponer la sanción en 2018, tras acreditar que el ex funcionario omitió en 2015 cumplir con sus responsabilidades como encargado de la entonces Dirección General de Programación y Presupuestación de esa dependencia, al no dar de baja su usuario en un sistema de adecuaciones presupuestales originando el uso indebido del mismo, lo que permitió que ilegalmente se solicitara una ampliación de recursos por más de 158 millones de pesos para, supuestamente, otorgar subsidios adicionales y atender de manera inmediata a los beneficiarios del Programa de Vivienda Rural que maneja el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO).

Estas conductas se clasifican como faltas administrativas, así lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin embargo, la SFP reconoció que es respetuosa de los mecanismos de defensa a los que tienen derecho todas las personas.

Por otro lado, es importante recordar que el caso de la “Estafa Maestra” se refiere a una red estratégica de desvío de recursos públicos que involucra al menos a 11 dependencias y 8 universidades públicas, así como a diversos servidores públicos de distintos niveles de gobierno, en un desvío de más de 5 mil millones de pesos.

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